Cuando la política industrial promueve la competencia

En los últimos tiempos las políticas industriales se han puesto en boga y han despertado un creciente preocupación e inquietud en el ámbito de la libre competencia.

Así por ejemplo el Green Deal Industrial Plan en Europa, el Chips Act , los aranceles recíprocos en Estados Unidos y las disputas comerciales en nuestra región, reflejan un incremento de la intervención del estado para proteger la industria interna.

De esta manera, herramientas como subsidios o ayudas estatales, esquemas regulatorios preferenciales y regímenes de contratación pública pueden alterar, distorsionar en el funcionamiento de las fuerzas del mercado, privilegiar a determinados agentes y distorsionar la asignación eficiente de recursos.

Lo anterior lleva a preguntarse si estas políticas son necesariamente incompatibles con la libre competencia económica.

El informe Pro-Competitive Industrial Policy (2024) de la OCDE ilustra que no solo esas políticas no son per se contradictorias, sino que incluso pueden llegar a ser complementarias siempre que se sigan ciertos parámetros y propone unas fórmulas para lograr ese cometido, bajo limites rigurosos.

Pero la premisa de la OCDE es categórica: las políticas industriales solo se justifican cuando su objetivo es corregir fallas de mercado y su formulación no busca sustituir, suprimir o distorsionar indebidamente la libre competencia, sino fortalecerla y promover la innovación y la transición tecnológica.

La OCDE propone las siguientes pautas que permiten orientar estas políticas para fomentar la competencia.

Primero. La intervención pública debe ser racional y focalizada. El Estado no debe sustituir al mercado, sino corregir fallas concretas que obstaculizan su funcionamiento eficiente, especialmente cuando los precios no logran redistribuir los recursos de manea eficiente para maximizar el bienestar social.

Segundo. Se debe garantizar que la política industrial no erosione la neutralidad competitiva. Es decir, que la intervención del estado no puede llevar a otorgar privilegios o ventajas discriminatorias y que los mecanismos de ayudas y apoyos se asignen sobre criterios transparentes, y objetivos aplicables tanto a empresas públicas como privadas.

Finalmente, resalta que el apoyo estatal debe ser temporal e incluir cláusulas de finalización o escape (sunset clauses): disposiciones que establezcan un límite temporal o de expiración automática de las políticas o medidas, así como estrategias de salida (exit strategies) y de retiro de la intervención (como la reducción gradual de subsidios) para permitir que el mercado retome a su cauce normal, a su funcionamiento espontaneo y libre de interferencias.

Lo anterior busca evitar que el respaldo estatal se perpetúe y lleve a consolidar "empresas zombis" —firmas ineficientes que solo sobreviven gracias al apoyo del Estado—

A partir de estos criterios, la OCDE asigna un papel de gran importancia a las autoridades de competencia, como protagonistas en el diseño de las políticas industriales, en la identificación de fallas de mercado y para prevenir que la promoción de “campeones nacionales” conduzca a mercados cerrados o demasiado concentrados.

Si no existen criterios definidos, límites o linderos categóricos, entre ambas políticas y un control eficaz, por parte de las autoridades de competencia, la política industrial puede convertirse en un factor de distorsión en lugar de una herramienta de transformación productiva.